En 2009, el proyecto de urbanización de Planes del Rei recibe la aprobación definitiva. Sin embargo, este avance no resuelve los desacuerdos surgidos el año anterior. Una parte de los propietarios sigue cuestionando el convenio con el Ayuntamiento, la responsabilidad de los servicios públicos continúa enfrentando al consistorio y a la ECU, y la reparcelación se convierte en un paso imprescindible.
Por tanto, no es simplemente un año de espera. Es el momento en que varios asuntos, hasta entonces estrechamente relacionados, empiezan a tramitarse por vías diferentes.
El proyecto se aprueba, pero el convenio sigue cuestionado
La Junta de Govern Local de Pratdip aprueba definitivamente el proyecto de urbanización el 16 de febrero de 2009, tras la aprobación inicial del 28 de mayo de 2008.
El proyecto todavía debe completarse para incorporar las prescripciones sobre incendios, saneamiento, aguas pluviales y las distintas redes de servicios. También debe depositarse una garantía equivalente al 12 % del importe de las obras.
La principal dificultad sigue siendo, no obstante, el convenio urbanístico con el Ayuntamiento. Este documento debe organizar la ejecución y financiación de las obras, así como la futura recepción de la urbanización por parte del consistorio.
Su aprobación en la Asamblea General del 10 de agosto de 2008 es impugnada. El documento se había remitido al Consejo Rector apenas el día anterior, dejando muy poco tiempo a los propietarios para estudiarlo. A finales de 2008, unos cuarenta propietarios ya habían presentado sus objeciones ante el Ayuntamiento. En abril de 2009, el Consejo Rector menciona un recurso presentado por más de 47 propietarios.
Esta movilización parece marcar el nacimiento de la plataforma que adoptará el nombre de SOS Planas, creada en 2009, antes de la constitución de la Asociación de Vecinos en 2011.
El análisis de Miquel Colom muestra un desacuerdo más profundo
El 7 de mayo de 2009, el abogado de la ECU responde a las preguntas del Consejo Rector. Su análisis de la situación jurídica de Planas del Rey no es una resolución judicial, pero plantea una interpretación muy distinta de la defendida por el Ayuntamiento.
Según Miquel Colom, la ECU debería haberse disuelto en 1993 y el Ayuntamiento sería responsable de los servicios municipales básicos. También considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 25 de enero de 2008 excluye el suministro de agua potable y la recogida de residuos de las funciones urbanísticas propias de la ECU.
En cuanto a las obras, recuerda que el POUM, el plan urbanístico municipal, prevé el sistema de cooperación. En este sistema, el Ayuntamiento dirige la actuación y reparte su coste entre los propietarios. Por tanto, la ECU no puede decidir por sí sola ejecutar las obras.
El desacuerdo ya no gira únicamente en torno a la fecha de una firma. Afecta al reparto de responsabilidades entre el Ayuntamiento, la ECU y los propietarios.
La sentencia de 2008 empieza a tener efectos
En su sentencia del 25 de enero de 2008, el TSJC había anulado las cuotas urbanísticas de la ECU en la medida en que incluían gastos de suministro de agua y recogida de residuos.
Tras varios meses de desacuerdo sobre cómo aplicar esta decisión, el Ayuntamiento y la ECU firman un convenio sobre el agua potable y los residuos el 10 de septiembre de 2009.
Según este convenio, el Ayuntamiento asume la recogida de residuos y el cobro de los recibos de agua y residuos. La ECU conserva responsabilidades técnicas sobre la red de agua, especialmente el control diario de la cloración, las reparaciones y el mantenimiento.
En el caso del agua, si los ingresos superan los gastos ordinarios, el convenio prevé una subvención para reparaciones y mantenimiento limitada a ese excedente. No se establece, por tanto, una devolución general de lo recaudado a la ECU tras descontar únicamente los gastos de gestión de BASE.
Este reparto de tareas no equivale a la recepción de toda la urbanización.
La reparcelación se vuelve imprescindible
La aprobación definitiva del proyecto exige también elaborar un proyecto de reparcelación antes de iniciar las obras.
Este procedimiento debe determinar las superficies y los límites reales de las propiedades, corregir las posibles diferencias con el Catastro o los títulos de propiedad y fijar los coeficientes que servirán para repartir los gastos de urbanización.
Ya en enero, el Consejo Rector menciona un nuevo levantamiento topográfico, cuyo coste se estima entre 88.000 y 111.000 euros. A finales de año, un informe jurídico solicitado por el Ayuntamiento confirma la necesidad de la reparcelación y de una medición precisa de las parcelas.
Este expediente puede modificar directamente la aportación económica de cada propietario. Por ello, adquiere tanta importancia como el propio convenio.
Una ratificación que no pone fin a los desacuerdos
El 9 de agosto de 2009, la Asamblea General examina las modificaciones técnicas solicitadas y los gastos necesarios para actualizar el proyecto.
Los propietarios que representan el 49,82 % de la superficie total aprueban los gastos adicionales y reiteran su voluntad de firmar el convenio. Los votos contrarios representan el 4,62 %.
Este resultado confirma el apoyo de una parte importante de los propietarios, pero no resuelve el recurso presentado contra la asamblea de 2008.
La firma se anuncia para antes del 1 de noviembre. Después se retrasa por cinco nuevas disposiciones relativas al límite de 7 millones de euros para el coste de las obras y a los gastos de electricidad, agua y red telefónica.
A finales de año, los documentos disponibles todavía no permiten confirmar que el convenio urbanístico se haya firmado.
Tres expedientes que siguen vías distintas
El balance de 2009 presenta, por tanto, avances y dificultades. El proyecto de urbanización está definitivamente aprobado, pero el convenio urbanístico sigue cuestionado y los documentos disponibles a finales de año no acreditan su firma. Un convenio distinto reparte la gestión del agua y los residuos entre el Ayuntamiento y la ECU, sin que ello suponga la recepción de toda la urbanización. Por último, la preparación de la reparcelación añade un expediente relacionado con las propiedades y el reparto de costes.
Los tres procedimientos avanzan por separado. Su coincidencia explica por qué la aprobación del proyecto no basta para aclarar el futuro de Planes del Rei.
En 2010 se abre una nueva etapa con el convenio urbanístico y el paso al sistema de cooperación. El procedimiento de reparcelación, preparado a finales de 2009, se inicia oficialmente el 6 de julio de 2011.
La Tribune de Planas
Documentos consultables
- Proyecto de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Pratdip y la ECU ;
- Acta del Consejo Rector del 27 de agosto de 2008 ;
- Acta del Consejo Rector del 5 de enero de 2009 ;
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de Planes del Rei, en catalán ;
- Carta de la ECU del 17 de abril de 2009 ;
- Nota jurídica de Miquel Colom Canal del 7 de mayo de 2009 ;
- Acta de la Asamblea General del 9 de agosto de 2009 ;
- Convenio del 10 de septiembre de 2009 sobre el agua potable y los residuos ;
- Acta del Consejo Rector del 5 de noviembre de 2009 ;
- Informe del 15 de noviembre de 2009 sobre la necesidad de la reparcelación, en catalán.
