A finales de 2021, el proyecto de reparcelación económica del PAU-4 de Planas del Rey vuelve a ser objeto de controversia. SOS Planas solicita al Ayuntamiento de Pratdip que no lo apruebe definitivamente y que no proceda a su inscripción en el Registro de la Propiedad de Falset.
En febrero de 2022, Avança Pratdip prepara también un modelo de alegaciones individuales destinado a los propietarios. Varios meses después, SOS Planas y un grupo de propietarios se organizan para llevar su oposición ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Los argumentos planteados durante estas actuaciones reflejan la posición jurídica defendida por SOS Planas, Avança Pratdip y los propietarios participantes. No constituyen hechos reconocidos por una autoridad administrativa o judicial.
Un proyecto sometido a información pública
El 14 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Pratdip publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona un anuncio relativo a la modificación del segundo texto refundido del proyecto de reparcelación económica del PAU-4.
Este procedimiento debe precisar, entre otras cuestiones, la situación de las parcelas, distribuir los derechos urbanísticos y determinar las cargas que podrían imputarse a los distintos propietarios.
El documento municipal se basa en un proyecto cuyas primeras versiones se remontan a 2012. Una nueva versión es aprobada en 2018, pero su inscripción en el Registro de la Propiedad se encuentra con distintas dificultades técnicas y jurídicas.
El recurso administrativo de SOS Planas
El 29 de diciembre de 2021, la Asociación de Vecinos de Les Planes del Rei, conocida como SOS Planas, presenta ante el Ayuntamiento un documento denominado recurso de alzada.
La asociación solicita:
- que no se apruebe definitivamente la modificación del proyecto de reparcelación;
- que no se inscriba en el Registro de la Propiedad de Falset;
- que se corrijan las omisiones y los errores que considera haber detectado.
SOS Planas sostiene, entre otras cuestiones, que los propietarios no habían contado con todas las garantías de información previstas en la legislación urbanística.
La asociación señala también una diferencia entre los documentos disponibles. Según SOS Planas, el enlace incluido en el anuncio publicado en el Boletín Oficial remitía a una versión del proyecto fechada en diciembre de 2017, mientras que la asociación disponía de una nueva versión fechada en septiembre de 2021.
Estas afirmaciones corresponden a los argumentos expuestos por la asociación en su recurso. No significan que una autoridad administrativa o judicial los haya considerado fundados.
La disolución de la ECU, en el centro del desacuerdo
El recurso cuestiona también un apartado del proyecto municipal que todavía hacía referencia a la existencia de una entidad urbanística de conservación encargada del mantenimiento de Planas del Rey y del reparto de los gastos entre los propietarios.
SOS Planas recuerda que la disolución de la ECU había sido declarada por la justicia en 2016 y ejecutada posteriormente en 2017. La asociación considera, por tanto, que el proyecto ya no podía presentar esta entidad como si siguiera activa.
Esta cuestión ocupa un lugar importante en el conflicto. La desaparición de la ECU obliga a determinar quién debe asumir desde entonces el mantenimiento de las infraestructuras y de qué manera pueden financiarse las futuras obras.
Un desacuerdo sobre las cesiones y los equipamientos municipales
SOS Planas sostiene también que algunas calles, zonas verdes e instalaciones comunes ya habían sido cedidas al Ayuntamiento o eran gestionadas por este desde hacía varios años.
La asociación se apoya, entre otros elementos, en antiguas resoluciones judiciales relativas a la cesión de bienes comunes y en la recepción parcial de la zona deportiva y recreativa aprobada por el pleno municipal el 9 de abril de 2021.
De ello deduce que determinadas superficies y equipamientos ya no deberían considerarse a cargo de los propietarios. Sin embargo, el alcance jurídico de aquellas cesiones y su influencia en el reparto de los costes siguen estando en el centro del desacuerdo.
El reparto de las futuras cargas, cuestionado
El proyecto municipal cifra entonces el coste previsto de las obras de urbanización en algo más de 7,2 millones de euros.
SOS Planas cuestiona la forma en que podrían repartirse estos gastos. La asociación sostiene que el Ayuntamiento debería asumir la parte correspondiente a los terrenos y espacios públicos, que estima en un 44,90 % de la superficie del PAU-4.
Considera asimismo que los propietarios no deberían volver a financiar equipamientos u obras que ya hubieran sido ejecutados o cedidos en el pasado.
Estos cálculos y esta interpretación son los defendidos por la asociación en su recurso. No constituyen un reparto económico establecido por el Ayuntamiento ni una conclusión judicial.
Un modelo de alegaciones destinado a los propietarios
En febrero de 2022, Avança Pratdip solicita a SOS Planas que difunda un modelo de alegaciones individuales. Los propietarios que deseaban oponerse al proyecto podían cumplimentar este documento y presentarlo ante el Ayuntamiento.
El modelo recoge varios de los argumentos ya planteados en el recurso administrativo de SOS Planas. También permite que cada propietario indique una posible diferencia entre la superficie atribuida a su parcela en el proyecto y su superficie real.
El documento solicita, entre otras cuestiones:
- que las observaciones del propietario se incorporen al expediente administrativo;
- que se comprueben las superficies y los datos relativos a su propiedad;
- que se recalculen las cargas provisionales si se detecta algún error;
- que el proyecto no sea aprobado definitivamente en la forma presentada.
Varios propietarios se suman a la impugnación
La movilización continúa a lo largo de 2022. El 24 de septiembre, SOS Planas celebra una asamblea general extraordinaria para permitir que 32 propietarios que no eran miembros de la asociación participen en la preparación de un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por otra parte, un correo electrónico enviado el 30 de septiembre señala que 36 propietarios habían contribuido económicamente a la preparación del procedimiento. Los documentos disponibles no permiten establecer con certeza la relación exacta entre ambos grupos.
El recurso contencioso-administrativo queda posteriormente registrado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Tarragona con el número 367/2022-E.
Este recurso prolonga así la impugnación iniciada a finales de 2021 contra el proyecto de reparcelación económica del PAU-4.
Jim – La Tribune de Planas
