En 2007, la ECU y el Ayuntamiento de Pratdip intentan una vez más alcanzar un acuerdo sobre las condiciones necesarias para finalizar Planas del Rey y permitir su recepción por parte del municipio.
Se negocia un nuevo convenio y se somete a la aprobación de los propietarios. El texto establece que el Ayuntamiento organizará las obras, mientras que su financiación correrá íntegramente a cargo de los propietarios.
El convenio es finalmente rechazado, principalmente porque no establece ningún límite a un posible sobrecoste. Sin embargo, los estudios continúan y, a finales de año, el proyecto se anuncia por un importe de unos 7 millones de euros, sin contar las subvenciones.
Este nuevo intento da continuidad directa a las gestiones presentadas en el artículo dedicado al proyecto aprobado en 2005 y revisado en 2006, sin que llegaran a comenzar las obras.
Febrero de 2007 – Se prepara un convenio más preciso
El 23 de febrero de 2007, el Consejo Rector decide confiar el expediente a un abogado especializado en urbanismo.
Su misión consiste en preparar un nuevo convenio que proteja mejor los intereses de los propietarios y negociarlo con el Ayuntamiento de Pratdip.
Al mismo tiempo, se invita a los propietarios a consultar los planos del proyecto y a señalar las modificaciones necesarias, especialmente en lo referente a las conexiones de sus parcelas.
El objetivo es finalizar el proyecto y someter el convenio a votación durante la asamblea general de agosto.
La ECU interviene en la revisión del POUM
El 13 de febrero de 2007, el Ayuntamiento somete a información pública su nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal, el POUM.
Con la ayuda de su abogado, la ECU presenta una veintena de páginas de alegaciones para impugnar las disposiciones consideradas perjudiciales para los propietarios de Planas.
El 16 de abril de 2007 se celebra una reunión entre el Ayuntamiento, sus representantes, el Consejo Rector y el abogado de la ECU. En la información facilitada posteriormente a los propietarios, la ECU señala haber recibido una respuesta favorable respecto a las alegaciones presentadas.
El convenio establece, además, que el POUM deberá ser compatible con el proyecto de renovación de Planas.
Qué establece el nuevo convenio
El texto negociado debe permitir el paso del sistema de compensación al sistema de cooperación. De este modo, el Ayuntamiento asumiría la responsabilidad del procedimiento administrativo, la aprobación del proyecto y la organización de la licitación.
Sin embargo, los propietarios deberían financiar:
- la totalidad de las obras de urbanización;
- la redacción del proyecto técnico;
- la dirección de las obras;
- el estudio de seguridad y salud.
Durante toda la ejecución de las obras, la ECU seguiría manteniendo los servicios existentes. Por tanto, los propietarios continuarían pagando sus cuotas habituales.
El convenio también establece un pago progresivo de las obras:
- el proyecto técnico y el 35 % del importe de las obras en el momento de su adjudicación;
- un 15 % doce meses después del inicio oficial de las obras;
- otro 15 % seis meses más tarde;
- el importe restante en el momento de la recepción definitiva de la urbanización.
El Ayuntamiento solo recibiría las infraestructuras una vez finalizadas por completo las obras y corregidas todas las deficiencias detectadas. A partir de ese momento, asumiría los espacios y servicios comunes, lo que permitiría iniciar la disolución de la ECU.
El riesgo de un sobrecoste preocupa a los propietarios
El convenio incluye varias garantías para controlar las obras. En particular, establece un procedimiento público de adjudicación y la creación de una comisión de seguimiento formada por representantes del Ayuntamiento y de la ECU.
El Ayuntamiento también acepta que los precios unitarios incluidos en el proyecto no se modifiquen durante las obras.
Sin embargo, esta garantía no limita el coste total. Los errores de cálculo, las obras adicionales o unas cantidades superiores a las previstas todavía podrían provocar un aumento importante de la factura final.
El abogado que participó en las negociaciones reconoce este riesgo y cita el caso de otra operación urbanística cuyo coste llegó a duplicar el presupuesto inicial.
El Ayuntamiento se niega a establecer un límite máximo para el posible sobrecoste. También indica que solicitará todas las subvenciones disponibles, aunque no puede garantizar su importe.
12 de agosto de 2007 – Los propietarios rechazan el convenio
Durante la asamblea general del 12 de agosto de 2007, el Consejo Rector recomienda votar en contra del convenio.
Su oposición no afecta al principio de la renovación ni a la futura recepción de Planas. Se debe principalmente a la ausencia de un límite para el importe que los propietarios podrían tener que pagar finalmente.
El resultado de la votación es el siguiente:
- los propietarios que representan el 20,269 % de las cuotas de participación rechazan el convenio;
- los que representan el 18,579 % lo aprueban;
- el 1,403 % de los votos se declara nulo;
- el 1,051 % se abstiene.
El convenio queda, por tanto, rechazado. A continuación, Christian Peuman es reelegido presidente del Consejo Rector con la lista verde.
Un proyecto anunciado en torno a 7 millones de euros
El rechazo del convenio no interrumpe los estudios técnicos. El Consejo Rector continúa trabajando con la empresa ACYCSA para finalizar el proyecto.
A finales de octubre de 2007, el proyecto se presenta como prácticamente terminado. Su importe se anuncia entonces en torno a 7 millones de euros, sin contar las subvenciones.
El Consejo Rector afirma que esta cantidad no deberá superarse y que esta condición tendrá que figurar en las solicitudes de presupuestos. También busca personas cualificadas para examinar el proyecto y, posteriormente, supervisar la ejecución de las obras.
Esta estimación sigue siendo independiente del convenio rechazado en agosto. El proyecto técnico avanza, pero todavía no se ha alcanzado un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento que permita ejecutarlo.
Un nuevo bloqueo pese al avance del proyecto
A finales de 2007, Planas dispone de un proyecto más desarrollado y de una estimación cercana a los 7 millones de euros.
Sin embargo, las cuestiones esenciales siguen sin resolverse: ningún límite jurídicamente garantizado protege a los propietarios frente a un posible sobrecoste, las subvenciones continúan siendo inciertas y el convenio necesario para iniciar las obras no ha sido aprobado.
El proyecto sigue avanzando desde el punto de vista técnico, pero no puede entrar en su fase de ejecución.
La Tribune de Planas
