8 de mayo de 2024: el recurso contra la reparcelación del PAU-4 es inadmitido

El 8 de mayo de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Tarragona dicta sentencia sobre el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de «Les Planes del Rei» (SOS Planas) y otros propietarios contra la aprobación municipal del proyecto de reparcelación económica del PAU-4, acordada el 1 de julio de 2022.

El recurso es inadmitido: el juzgado considera que, en los puntos impugnados, el acuerdo de 2022 reproduce decisiones anteriores que ya son firmes.


De la información pública a la aprobación de 2022

El 28 de octubre de 2021, el Ayuntamiento de Pratdip aprueba inicialmente una modificación del proyecto de reparcelación económica del PAU-4. El expediente se somete después a información pública, durante la cual las personas afectadas pueden presentar observaciones y objeciones mediante alegaciones.

Las objeciones planteadas entonces se detallan en nuestro artículo sobre las alegaciones de SOS Planas y varios propietarios.

El acuerdo municipal del 1 de julio de 2022 responde a estas alegaciones. Algunas se estiman parcialmente, en particular para tener en cuenta cambios de titularidad o reconocer la condición de persona interesada en el procedimiento, previa aportación de los justificantes requeridos. El Ayuntamiento también acepta corregir el texto para eliminar las referencias a la antigua ECU, la entidad encargada de la conservación de la urbanización.

Desestima las demás alegaciones y aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación.


Qué solicitan los recurrentes

SOS Planas y otros propietarios impugnan esta aprobación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Tarragona. El recurso se tramita como procedimiento ordinario 367/2022.

Según el resumen de sus argumentos recogido en la sentencia, los recurrentes cuestionan la necesidad de la reparcelación económica: consideran que las cesiones previstas a favor del Ayuntamiento, así como las obras y los servicios de urbanización, ya se han realizado. Sostienen que, en todo caso, el Ayuntamiento debe asumir los gastos de urbanización correspondientes a los terrenos que le fueron cedidos.

La sentencia no concreta a qué cesiones ni a qué terrenos se refieren. Por tanto, este resumen no permite vincular el argumento a una cesión determinada ni limitarlo a ciertos equipamientos municipales.

El Ayuntamiento se opone a su pretensión. Solicita la inadmisión del recurso invocando los procedimientos judiciales anteriores y el hecho de que el proyecto aprobado en 2022 reproduce esencialmente los proyectos previos. También se opone a los argumentos de los recurrentes en cuanto al fondo.


¿Por qué se inadmite el recurso?

El juzgado distingue dos cuestiones. No aprecia la inadmisibilidad por el mero hecho de que ya se hayan dictado sentencias, puesto que las decisiones municipales impugnadas en los distintos procedimientos no son las mismas.

Sin embargo, constata que el proyecto de 2022 reproduce esencialmente los anteriores. Según la sentencia, las descripciones y los límites de algunas fincas ya se habían modificado en el segundo texto refundido, aprobado el 4 de enero de 2018. La modificación posterior añade las coordenadas que permiten situar las fincas con precisión en los planos.

Los argumentos de este recurso no se refieren a esas modificaciones, sino a aspectos que ya figuraban en los proyectos anteriores.

El juzgado aplica, por tanto, el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que excluye, entre otros, los recursos contra actos que reproducen decisiones anteriores definitivas y firmes. Declara la inadmisibilidad del recurso conforme al artículo 69.c de esa ley.


El alcance de la sentencia

La sentencia no anula la aprobación municipal de 2022. La inadmisibilidad acordada significa que los puntos impugnados no pueden volver a examinarse mediante este nuevo procedimiento.

Esta sentencia no vuelve a resolver el fondo del desacuerdo sobre las cesiones ya realizadas y la asunción de los gastos por parte del Ayuntamiento.

También se imponen las costas a la parte recurrente, es decir, el pago de gastos procesales de la parte contraria, con un límite de 500 euros, IVA incluido.

La sentencia prevé la posibilidad de interponer un recurso de apelación en un plazo de quince días. La documentación examinada no permite determinar si se presentó una apelación.

La Tribune de Planas


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