Ante el caos provocado por la negativa del Ayuntamiento a asumir los servicios mínimos, la Asociación «Vecinos Les Planes del Rei» (AVPR SOS Planas) lanza una nueva ofensiva jurídica, esta vez ante la jurisdicción penal.
Cabe señalar que esta asociación, cuyos estatutos fueron publicados en el boletín oficial, ha sido reconocida como representativa por el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña).
1. Exigir los servicios públicos mínimos: una obligación legal, no un favor
La ley catalana es clara: todos los ayuntamientos deben garantizar los servicios públicos esenciales en las zonas habitadas, incluidas las urbanizaciones no recepcionadas como Las Planas del Rey.
Entre estos servicios obligatorios:
- agua potable
- saneamiento
- recogida de residuos
- alumbrado público
- vías públicas
- acceso a la zona
Sin embargo, el Ayuntamiento de Pratdip sigue negándose a asumir esta responsabilidad. Ante esta violación manifiesta, SOS Planas presentará una denuncia penal, respaldada por un informe técnico elaborado por un arquitecto especializado en urbanismo medioambiental, que demuestra el estado de carencia de los servicios.
Nuestro objetivo: que la justicia reconozca la obligación legal del Ayuntamiento de prestar estos servicios a sus habitantes.
2. Sí a la reurbanización, pero bajo gestión pública
SOS Planas no se opone a las obras. Al contrario.
Apoyamos el proyecto de «rehabilitación de la urbanización de Las Planas del Rey, valorado en unos 11 millones de euros.
Pero con varias condiciones:
- Que las obras estén gestionadas por el Ayuntamiento de Pratdip o la Diputación de Tarragona, y no por una entidad paralela.
- Que se realicen por fases, en función de las prioridades y los recursos.
- Que estén integradas en una hoja de ruta oficial de cara a la integración de la urbanización en la red pública.
- Y sobre todo, es inadmisible que los vecinos de Planas asuman por sí solos el 100 % de estas obras.
3. NO a una nueva ECU o entidad administrativa: nunca más
No se trata de repetir los errores del pasado.
El Ayuntamiento ha dejado entrever la idea de una nueva ECU o una asociación administrativa equivalente, con el pretexto de gestionar las futuras obras de reurbanización.
Decimos NO.
Una estructura así nos haría retroceder 30 años, a un sistema de injusticia fiscal: doble imposición, opacidad, gestión paralela no democrática.
Rechazamos toda forma de «doble imposición: es decir, cuotas de copropiedad que se suman al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
4. La devolución de las cuotas cobradas ilegalmente durante 23 años
Entre 1993 y 2016, los propietarios de Planas pagaron cerca de 5 millones de euros a una entidad ilegal, según la justicia catalana.
La ECU: una entidad creada por 2 años, prolongada ilegalmente durante 28 años.
Creada por el Ayuntamiento en abril de 1988, la ECU debía acompañar la finalización de las infraestructuras. Según las normas urbanísticas y la sentencia del TSJC de 2016, este tipo de entidad no puede existir más de 5 años.
Sin embargo, en Planas, la urbanización ya estaba finalizada en un 85 % según los documentos de la época.
Y aun así, la ECU continuó hasta 2016, sin base legal.
Durante 23 años, los propietarios estuvieron sometidos a una doble imposición ilegítima:
- IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) pagado al Ayuntamiento
- cuotas pagadas a la ECU
El papel de la ECU, en este contexto, debía ser transitorio: garantizar los servicios mínimos mientras el Ayuntamiento finalizaba las obras de adecuación. Pero el Ayuntamiento nunca asumió su parte.
Por ello pedimos la devolución de las sumas abonadas a la ECU desde 1993 hasta 2016, es decir, como mínimo, los 4 años anteriores a 2016, año de disolución de la ECU.
Conclusión: pasar página, pero decir la verdad
Los propietarios actuaron de buena fe: ahora, justicia.
Algunas cifras contundentes:
- Aproximadamente 6 millones de euros pagados por los propietarios a la ECU
- Es decir, una media de 230.000 euros al año, por servicios que debía prestar el Ayuntamiento
- 300.000 euros adicionales pagados a la empresa ACYCSA en 2005 por un proyecto de reurbanización
Mientras tanto:
- El Ayuntamiento no disolvía la ECU, pese a sus obligaciones legales
- La piscina y la estación depuradora (construidas por iniciativa de los propietarios y a su cargo) seguían en manos de la ECU
- El Ayuntamiento seguía cobrando el IBI, desentendiéndose de toda responsabilidad
Hoy reclamamos:
- Servicios públicos (servicios mínimos), tal como lo prevé el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- La devolución de las cuotas cobradas ilegalmente
- Una gestión pública de las futuras obras, transparente y responsable
La Asociación «Vecinos Les Planes del Rei» (AVPR SOS Planas)
