En la década de 1990, el Ayuntamiento de Pratdip seguía negándose a hacerse cargo de las infraestructuras de Planas del Rey (Planes del Rei), a pesar de la sentencia del Tribunal de Falset del 23 de noviembre de 1993. Para clarificar la situación, la Generalitat de Catalunya emitió un informe jurídico el 5 de marzo de 1996, confirmando de manera explícita las obligaciones municipales y los derechos de los propietarios.
Contexto: de 1993 a 1996
- 23/11/1993: el Tribunal de Falset impone la aceptación de las cesiones obligatorias (viales, redes, zonas verdes).
- Múltiples gestiones de la ECU y de los propietarios para hacer ejecutar la decisión.
- Persistencia de una inacción municipal que retrasa la recepción y el mantenimiento de las infraestructuras.
Lo que dice el informe del 5 de marzo de 1996
- El Ayuntamiento de Pratdip no puede eludir la aceptación de las cesiones, confirmadas por la ley y la justicia.
- El papel de la ECU es provisional: no puede sustituir de forma permanente al municipio en los servicios públicos.
- Una negativa prolongada o una inacción municipal puede constituir una falta grave.
- Los propietarios no deben ser doblemente penalizados (impuestos municipales + cuotas de la ECU).
Consecuencias jurídicas y prácticas
- La recepción de las infraestructuras debe ser finalizada por el Ayuntamiento, con las consecuencias financieras y de mantenimiento que ello implica.
- Los habitantes tienen derecho a exigir la ejecución de las resoluciones judiciales y la adecuación de los servicios.
- El informe proporciona una base sólida para cualquier acción administrativa o contenciosa destinada a hacer cumplir estas obligaciones.
Por qué esto nos concierne aún hoy
Casi treinta años después, este informe recuerda que la cuestión no es política sino jurídica: el municipio tiene la obligación de garantizar los servicios mínimos y el mantenimiento de los equipamientos públicos en Planas del Rey. Ignorar este marco es ignorar el derecho y prolongar una situación de desigualdad de trato para los habitantes.
Conclusión
El informe jurídico de la Generalitat (5 de marzo de 1996) es una pieza clave en la historia de Planas del Rey. Confirma las responsabilidades del Ayuntamiento de Pratdip y reafirma los derechos de los propietarios. Su alcance sigue vigente: las infraestructuras deben ser recibidas y mantenidas por el municipio.
