[et_pb_section fb_built=\u00bb1″ admin_label=\u00bbSection-Article\u00bb module_class=\u00bbsection-article\u00bb _builder_version=\u00bb4.18.0″ custom_margin=\u00bb0px|0px|0px|0px\u00bb custom_padding=\u00bb0px|0px|0px|0px\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_row use_custom_gutter=\u00bbon\u00bb gutter_width=\u00bb1″ admin_label=\u00bbLigne-Article\u00bb module_class=\u00bbligne-article et_pb_row_fullwidth\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4″ width=\u00bb100%\u00bb width_tablet=\u00bb100%\u00bb width_phone=\u00bb\u00bb width_last_edited=\u00bbon|desktop\u00bb max_width=\u00bb100%\u00bb max_width_tablet=\u00bb100%\u00bb max_width_phone=\u00bb\u00bb max_width_last_edited=\u00bbon|desktop\u00bb custom_margin=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb make_fullwidth=\u00bbon\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.16″ custom_padding=\u00bb|||\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb custom_padding__hover=\u00bb|||\u00bb][et_pb_text admin_label=\u00bbTexte – 6 de agosto de 1987: por qu\u00e9 todos los propietarios de Planas del Rey deb\u00edan pertenecer a la ECU\u00bb module_class=\u00bbtxt-article\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.8″ text_font=\u00bb||||||||\u00bb header_font=\u00bb||||||||\u00bb header_2_font=\u00bb||||||||\u00bb header_3_font=\u00bb||||||||\u00bb header_4_font=\u00bb||||||||\u00bb header_5_font=\u00bb||||||||\u00bb hover_enabled=\u00bb0″ global_colors_info=\u00bb{}\u00bb sticky_enabled=\u00bb0″]<\/p>\n
Los estatutos de la Entidad Urban\u00edstica Colaboradora de Conservaci\u00f3n de Planas del Rey definieron en 1987 su funcionamiento, sus funciones y las obligaciones de sus miembros.<\/p>\n
Sobre todo, establecieron que la ECU no era una asociaci\u00f3n a la que los propietarios pudieran decidir libremente si quer\u00edan pertenecer. Toda persona que poseyera una parcela dentro de su \u00e1mbito deb\u00eda formar parte de ella obligatoriamente y contribuir a sus gastos.<\/p>\n
Sin embargo, estos documentos plantean una cuesti\u00f3n que acabar\u00eda siendo decisiva: mientras que los estatutos preve\u00edan una entidad de duraci\u00f3n indefinida, la legislaci\u00f3n invocada para imponer a los propietarios la conservaci\u00f3n de la urbanizaci\u00f3n limitaba esta obligaci\u00f3n en el tiempo.<\/p>\n
Seg\u00fan un informe elaborado por la Generalitat en 1993, el Ayuntamiento de Pratdip acord\u00f3 el 24 de julio de 1987<\/span> constituir la ECU con car\u00e1cter obligatorio. Los propietarios incluidos en su \u00e1mbito quedaban as\u00ed sujetos a la obligaci\u00f3n de conservar las obras de urbanizaci\u00f3n.<\/p>\n El acta de constituci\u00f3n, a la que se adjuntaron los estatutos, fue firmada el 28 de julio de 1987<\/span>. El 6 de agosto siguiente, la notaria Inmaculada Nieto Aldea certific\u00f3 que las copias reproduc\u00edan fielmente los documentos incorporados al acta.<\/p>\n No obstante, los estatutos precisaban que la entidad no adquirir\u00eda personalidad jur\u00eddica hasta que el acuerdo municipal de aprobaci\u00f3n quedara inscrito en el Registro de Entidades Urban\u00edsticas Colaboradoras de la Generalitat.<\/p>\n El 12 de abril de 1988, el Ayuntamiento de Pratdip aprobar\u00eda el acta de constituci\u00f3n de la ECU<\/a> y pedir\u00eda adem\u00e1s que las cesiones obligatorias al municipio se formalizaran en un plazo m\u00e1ximo de dos a\u00f1os.<\/p>\n La pertenencia a la entidad no depend\u00eda de que el propietario hubiera participado en su creaci\u00f3n ni de que figurara en el acta de constituci\u00f3n.<\/p>\n Cuando una parcela se vend\u00eda, el comprador asum\u00eda autom\u00e1ticamente los derechos y las obligaciones del anterior propietario. Por este motivo, quienes adquirieron sus propiedades despu\u00e9s de 1987 tambi\u00e9n quedaron sujetos a los estatutos y a las cuotas aprobadas por la ECU.<\/p>\n La funci\u00f3n principal de la ECU consist\u00eda en garantizar la conservaci\u00f3n, el mantenimiento y el uso de los servicios y elementos comunes de Planas del Rey.<\/p>\n Los estatutos le atribu\u00edan, entre otras, las siguientes funciones:<\/p>\n Esta \u00faltima funci\u00f3n muestra que, en el momento de constituirse la ECU, los propios estatutos ya contemplaban que algunas infraestructuras de Planas del Rey todav\u00eda pudieran estar pendientes de finalizar.<\/p>\n Los gastos de la ECU deb\u00edan ser sufragados por los propietarios. La aportaci\u00f3n de cada uno se calculaba en funci\u00f3n de la superficie de su parcela con respecto a la superficie total de la urbanizaci\u00f3n.<\/p>\n Los estatutos establec\u00edan un coeficiente espec\u00edfico para los supermercados y restaurantes, cuya aportaci\u00f3n deb\u00eda multiplicarse por tres.<\/p>\n Tambi\u00e9n consideraban que los servicios prestados por la entidad beneficiaban a todos los propietarios. Por tanto, ninguno de ellos pod\u00eda excluirse voluntariamente de la ECU ni negarse a pagar las cuotas aprobadas conforme a los estatutos.<\/p>\n En caso de impago, el texto preve\u00eda intereses de demora y distintos procedimientos de cobro. El Consejo Rector pod\u00eda solicitar al Ayuntamiento de Pratdip que recaudara las cantidades pendientes por la v\u00eda administrativa.<\/p>\n Los estatutos contemplaban asimismo la suspensi\u00f3n de determinados servicios e incluso la interrupci\u00f3n del suministro de agua. El documento demuestra que estas medidas estaban previstas en 1987, pero no permite determinar en qu\u00e9 condiciones pod\u00edan aplicarse legalmente ni si llegaron a aplicarse efectivamente.<\/p>\n La ECU estaba dirigida por una Asamblea General y por un Consejo Rector elegido por ella.<\/p>\n La Asamblea General aprobaba, entre otras cuestiones, las cuentas, el presupuesto anual y las cuotas exigidas a los propietarios. El Consejo Rector ejecutaba sus decisiones, administraba los espacios y servicios comunes, encargaba las obras necesarias y representaba a la entidad ante el Ayuntamiento y las dem\u00e1s administraciones.<\/p>\n Las decisiones de la ECU relacionadas con el derecho administrativo urban\u00edstico pod\u00edan recurrirse ante el Ayuntamiento de Pratdip. Por tanto, la entidad no funcionaba como una simple asociaci\u00f3n privada, sino como un organismo que colaboraba con la Administraci\u00f3n municipal en la conservaci\u00f3n de la urbanizaci\u00f3n.<\/p>\n Los estatutos establec\u00edan que la ECU se constitu\u00eda por tiempo indefinido<\/span>. Esto significaba que no se fijaba una fecha autom\u00e1tica de finalizaci\u00f3n, pero no que la entidad fuera indisoluble.<\/p>\n Su disoluci\u00f3n pod\u00eda ser solicitada por la mitad de los votos que compon\u00edan la Asamblea General y deb\u00eda ser aprobada por el Ayuntamiento. Los estatutos a\u00f1ad\u00edan que no pod\u00eda acordarse mientras quedaran obligaciones pendientes o el municipio no hubiera asumido el mantenimiento de los elementos comunes.<\/p>\n El texto establec\u00eda as\u00ed una relaci\u00f3n directa entre la continuidad de la ECU, el cumplimiento de sus funciones y la asunci\u00f3n del mantenimiento por parte del Ayuntamiento.<\/p>\n La duraci\u00f3n indefinida prevista por los estatutos debe compararse, sin embargo, con la legislaci\u00f3n en la que se apoy\u00f3 el Ayuntamiento para imponer a los propietarios la obligaci\u00f3n de conservar la urbanizaci\u00f3n.<\/p>\n La disposici\u00f3n transitoria tercera de la Ley catalana 9\/1981, sobre protecci\u00f3n de la legalidad urban\u00edstica<\/a>, permit\u00eda a los ayuntamientos encargar temporalmente a los propietarios la conservaci\u00f3n de una urbanizaci\u00f3n cuando las obras no se hubieran ejecutado conforme al proyecto, ya no fuera posible exigir al promotor que las terminara y se cumplieran determinadas condiciones adicionales.<\/p>\n Esta disposici\u00f3n precisaba que la obligaci\u00f3n impuesta a los propietarios no pod\u00eda prolongarse durante m\u00e1s de cinco a\u00f1os<\/span>. Dentro de ese plazo, el Ayuntamiento deb\u00eda adoptar las medidas necesarias para poder asumir posteriormente esta responsabilidad.<\/p>\n El informe de la Generalitat de 1993 indica expresamente que el acuerdo municipal del 24 de julio de 1987, por el que se estableci\u00f3 el car\u00e1cter obligatorio de la ECU, se basaba en esta disposici\u00f3n de la ley de 1981.<\/p>\n Por tanto, desde el origen exist\u00eda una dificultad: los estatutos organizaban una entidad de duraci\u00f3n indefinida, mientras que la ley invocada para imponer la conservaci\u00f3n a los propietarios establec\u00eda que esta obligaci\u00f3n deb\u00eda ser temporal.<\/p>\n El 1 de junio de 1993, la ECU consult\u00f3 a la Direcci\u00f3n General de Urbanismo de la Generalitat sobre su r\u00e9gimen jur\u00eddico y, en particular, sobre su car\u00e1cter obligatorio o voluntario.<\/p>\n El servicio de asesoramiento respondi\u00f3 que esta obligaci\u00f3n derivaba de la decisi\u00f3n adoptada por el Ayuntamiento de Pratdip el 24 de julio de 1987 y de la legislaci\u00f3n aplicable. Por tanto, la participaci\u00f3n en el acta de constituci\u00f3n o el consentimiento individual del propietario no resultaban determinantes.<\/p>\n Sin embargo, la copia conservada de este informe consta de una sola p\u00e1gina y se interrumpe en medio de la explicaci\u00f3n relativa a la transmisi\u00f3n de una propiedad. Confirma el car\u00e1cter obligatorio de la ECU, pero no permite conocer la respuesta completa de la Generalitat a las dem\u00e1s cuestiones planteadas.<\/p>\n En particular, no permite saber c\u00f3mo analizaba entonces la Administraci\u00f3n la coexistencia entre la duraci\u00f3n indefinida prevista por los estatutos y el l\u00edmite legal de cinco a\u00f1os aplicable a la obligaci\u00f3n de conservaci\u00f3n.<\/p>\n Esta dificultad permanecer\u00e1 sin resolver durante muchos a\u00f1os. El hecho de que Planas del Rey siguiera inacabada y no hubiera sido recibida \u00edntegramente por el Ayuntamiento servir\u00e1 durante mucho tiempo para justificar la continuidad de la ECU.<\/p>\n Finalmente, varios propietarios, apoyados en sus gestiones por SOS Planas, solicitar\u00e1n su disoluci\u00f3n. Tras una primera sentencia desfavorable dictada en 2013, recurrir\u00e1n ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a.<\/p>\n En su sentencia del 21 de julio de 2016, el TSJC acuerda la disoluci\u00f3n de la ECU de Planas del Rey<\/a>. Para ello, se basa en la disposici\u00f3n transitoria s\u00e9ptima del Decreto legislativo catal\u00e1n 1\/1990, que hab\u00eda mantenido el l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os.<\/p>\n El Tribunal toma como punto de partida el 13 de julio de 1990, fecha de entrada en vigor de esta norma. Considera que el hecho de que la urbanizaci\u00f3n permanezca inacabada no puede justificar la prolongaci\u00f3n indefinida de una obligaci\u00f3n de conservaci\u00f3n concebida legalmente como temporal.<\/p>\n Sin embargo, la superaci\u00f3n de este plazo no provoc\u00f3 la desaparici\u00f3n autom\u00e1tica de la ECU en 1995. Fue el TSJC quien decret\u00f3 jur\u00eddicamente su disoluci\u00f3n en 2016, al resolver el recurso interpuesto por los propietarios.<\/p>\n Esta disoluci\u00f3n tampoco significa que el Ayuntamiento recibiera autom\u00e1ticamente todas las infraestructuras de Planas del Rey. Puso fin a la entidad y a la obligaci\u00f3n de conservaci\u00f3n que se le hab\u00eda encomendado, pero no resolvi\u00f3 por s\u00ed sola las cuestiones relacionadas con la propiedad de los terrenos, el estado de los equipamientos y las obras que todav\u00eda quedaban por ejecutar.<\/p>\n Estos documentos muestran el origen de un conflicto que se prolongar\u00e1 durante casi treinta a\u00f1os: una obligaci\u00f3n legalmente temporal fue organizada mediante unos estatutos que establec\u00edan una entidad sin fecha de finalizaci\u00f3n<\/span>.<\/p>\n Esta contradicci\u00f3n no se resolver\u00e1 definitivamente hasta 2016, cuando el TSJC acuerde la disoluci\u00f3n de la ECU.<\/p>\n Jim – La Tribune de Planas<\/p>\n
\nUna obligaci\u00f3n vinculada a la propiedad<\/h2>\n
\nConservar las infraestructuras y terminar las obras pendientes<\/h2>\n
\n
\nGastos financiados por los propietarios<\/h2>\n
\nUna entidad administrada por los propietarios<\/h2>\n
\nUnos estatutos que preve\u00edan una duraci\u00f3n indefinida<\/h2>\n
\nPero la ley limitaba a cinco a\u00f1os la obligaci\u00f3n de conservaci\u00f3n<\/h2>\n
\nEn 1993, la Generalitat confirma la interpretaci\u00f3n de los estatutos<\/h2>\n
\nUna contradicci\u00f3n que finalmente se resolver\u00e1 en 2016<\/h2>\n
\nLo que revelan los documentos de 1987 y 1993<\/h2>\n
\nDocumentos de referencia<\/h2>\n